Speaker 1: Ocurrió el pasado 8 de diciembre. Los hermanos Ismael y Josué Arroyo de 15 y 14 años y sus amigos Saúl Arboleda de 15 y Steven Medina de 11 años venían de jugar al fútbol en la canchita de su barrio, un barrio humilde, Las Malvinas, en el sur de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Como tantas otras veces estaban felices después de jugar al fútbol y volvían a sus casas, pero nunca llegaron. Hoy se sabe que 16 militares los capturaron. Sus cuerpos aparecieron muchos días después, calcinados, flotando en un río el 24 de diciembre. Habían sido torturados, desfigurados y mutilados. La justicia investiga la desaparición de los menores como forzada y con responsabilidad del Estado. El caso se convirtió en un reclamo de toda la sociedad ecuatoriana que pide justicia. Y entre las voces más destacadas de ese reclamo está Billy Navarrete, director general del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador. Señor Navarrete, soy Leandro Fest. Gracias por cedernos su tiempo para la entrevista de DWB.

Speaker 2: Gracias por la invitación.

Speaker 1: Desde hace ya un año, señor Navarrete, está vigente en Ecuador la declaración de conflicto armado interno decretada por el presidente Daniel Novoa, lo que abrió las puertas a la militarización del país. Ahora tenemos a 16 militares en prisión preventiva por el caso de estos chicos asesinados. ¿Hasta qué punto se puede esperar justicia para estos cuatro menores y sus familias en un país militarizado?

Speaker 2: Bueno, este caso ha conmovido a toda la sociedad ecuatoriana y digamos es evidencia del tipo de abusos que viene siendo frecuente por parte de las fuerzas militares ahora encargadas de la lucha contra organizaciones criminales. Esta situación no es aislada, la hemos venido registrando y reclamando desde el propio 9 de enero, día en que digamos el gobierno nacional estableció la militarización de toda la convivencia social y el combate a las organizaciones criminales. Hemos señalado documentadamente graves violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas militares en centros carcelarios que se encuentran judicializadas y también en comunidades que incluyen ejecuciones extrajudiciales y ahora también desapariciones forzadas. Este fenómeno de desapariciones forzadas es reciente, lo hemos venido registrando por parte de patrullas militares desde octubre y suman ya 12 casos en la costa del Ecuador.

Speaker 1: En los últimos días, en un vídeo emitido en cadena nacional, el ministro de defensa ecuatoriano Jean-Carlo Lofredo pidió disculpas por este caso de los menores pero también rechazó la calificación de desaparición forzada. La organización que usted dirige y otras más rechazaron a la vez las disculpas de Lofredo y además apuntaron al ministro de defensa por sus ataques a los denunciantes según sus propias palabras. ¿Cómo calificaría las

Speaker 2: declaraciones del ministro de defensa? Impertinentes e inoportunas en realidad. Este es, digamos, el último eslabón de una cadena de conducta bastante agresiva, insensible, hermética por parte del ministerio de defensa, particularmente en este caso. Desde el propio día de la desaparición se nota la presencia de la patrulla militar deteniendo a los chicos y trasladándolos de forma absolutamente irregular. No había motivo ni para la detención ni para el traslado de, digamos, esa patrulla sacándolos del cantón, que es una jurisdicción política aquí en la provincia, y llevándoselo a otro, 50 kilómetros de distancia de la casa de estos chicos y dejarlos abandonados, golpeados y desnudos en la carretera. Eso se conoce días después de la detención. Pero sin embargo, el ministro, teniendo evidencia pública, señala de que no eran sus subordinados los que actuaban ahí y que era responsabilidad de organizaciones criminales. Para el 24 de diciembre, una jueza que atiende una audiencia de Avias Corpus señala de que los chicos detenidos, y que era obvio, hay evidencia sobre eso, no estaban presentes en la sala de la audiencia y todo conducía a señalar esa desaparición forzada que compromete a, digamos, funcionarios públicos del Cuerpo de Seguridad Estatal. Y ordena las disculpas públicas. La jueza. Antes de ayer, el ministro sale, en un horario estelar, durante cuatro minutos, de los cuales 30 segundos, señala sus disculpas. Y el resto se dedica a atacar a la jueza por ese señalamiento de desaparición forzada en esto. No hay duda de que aquí hay responsabilidad de agentes estatales en la detención arbitraria, porque no se ha mostrado evidencia de los motivos por los cuales privaron de libertad de estos chicos. No hay tampoco justificación para ese traslado, ni tampoco justificación para haberlos dejado golpeados y desnudos en la carretera, en un lugar altamente peligroso, en otro cantón. Por las palabras del ministro de Defensa,

Speaker 1: también incluso la Corte Suprema de Ecuador rechazó lo que consideró como amenazas de Lofredo a la independencia de la justicia. ¿Cómo pueden organismos de derechos humanos como el suyo intervenir en situaciones en las que se podría percibir una interferencia gubernamental

Speaker 2: en las decisiones judiciales? Sin duda, y eso obviamente tiene que ver con la preocupación, porque esas expresiones del ministro de Defensa han caído muy mal en el ámbito judicial, pero también en extendidos escenarios de la sociedad ecuatoriana. En realidad ha provocado mucha reacción en contra de las expresiones del ministro de Defensa. Y eso tiene que ver con la enorme preocupación, extendida preocupación, que el caso ha generado como ningún otro caso en este contexto durante el año pasado. El contexto de militarización, en realidad, ha generado una repetición de que se trata de la gota que derramó el vaso en esto, frente a una serie de casos en los cuales comprometen los procedimientos de agentes estatales, particularmente de militares, en la lucha contra la delincuencia. Lo que, digamos, entenderíamos que está detrás es que el gobierno nacional empujó a las fuerzas militares sin la debida capacitación para cumplir una tarea contra la delincuencia. Y estos son los resultados. Se han venido evidenciando, pero esto que pasó el 8 de diciembre colmó la paciencia, digamos, de la sociedad ecuatoriana. Y ayer hubo una masiva participación en la comunidad, en las Malvinas, de muchas personas de diverso tipo, de diverso estrato social, que llegaron a ese lugar a solidarizarse con las víctimas y a reclamar transparencia y apego a la ley y al respeto de los poderes estatales, digamos, entre el Ejecutivo y especialmente el Judicial. No se tolera, digamos, que el Ejecutivo ataque al Poder Judicial por un fallo que, digamos, está totalmente injustificado.

Speaker 1: Hablaba del gobierno. Usted en un mes se celebran elecciones en Ecuador y sabemos cómo hoy en día, más que nunca, una noticia tapa a otra y la campaña electoral se lleva a gran parte de la atención mediática. ¿Hasta dónde cree usted que el paso del tiempo juega en contra

Speaker 2: para que se haga verdadera justicia? Bueno, estamos sorteando estos riesgos que acarrea el tema electoral. Incluso ayer, durante ese homenaje póstumo a los chicos allá en las Malvinas, llegó uno de los partidos políticos con un carro de emblemas y lo tuvimos que echar en esto, porque no se tolera la manipulación electoral de un elemento tan sensible como el que estamos reclamando en esto. Los tuvimos que echar. Y esos son, digamos, los bemoles, los riesgos que tenemos especialmente pensando en la distracción que puede acarrear ya la carrera electoral con relación a todo lo que estamos acá viendo. En el caso, digamos, muchas de las cuestiones que ahora se conocen han sido porque ha habido atención, los medios de comunicación acá han estado muy interesados y dándole seguimiento casi casi diario al caso. Y tememos que de repente, al dejarlo de ver, al invisibilizarlo, la situación del caso se vaya perdiendo y, lastimosamente, se vaya, digamos, alargando el proceso. Hay 30 días dentro del proceso penal por la desaparición forzada que está corriendo. Hacia los 30 días debería haber una resolución digamos de la indagación fiscal que ahora se encuentra en curso. Se están recabando testimonios, hay testimonios de los militares que fueron llevados a la sierra, a una cárcel de la sierra, por temas de seguridad. En las cárceles, como sabemos, es un escenario altamente inseguro también en esto. Y ahora están militarizadas también, como todo, ¿no? En esto. Y esto es lo que, principalmente, también reclamamos. El hecho de que, digamos, a partir de la militarización es lo único que encontramos como política de seguridad.

Speaker 1: Quiero seguir haciéndole dos preguntas brevemente porque nos queda poco tiempo. Una es, quiero insistir con las elecciones. Teniendo en cuenta que este caso de los cuatro niños asesinados caló tan hondo en la sociedad, ¿no puede de alguna manera ser una piedra en el zapato en las aspiraciones de Daniel Novoa para su reelección a la presidencia?

Speaker 2: Bueno, esto sí ha generado cuestionamientos a la política de seguridad del gobierno nacional, que ahora se encuentra, digamos, en la carrera, por la renovación de su mandato frente a otros 17 candidatos. Y él está liderando actualmente esa competencia. Sí hay, digamos, el cálculo de que esto pueda afectarle la llegada, al menos en la primera vuelta, en febrero. Y eso, digamos, tiene que ver cómo se ha venido desarrollando y los aparentes éxitos que ha presentado como la devolución de la seguridad, ¿no? El regreso de la paz ciudadana en esto. Porque no se lo ve. En las comunidades, las bandas criminales siguen, digamos, ahí sometiendo a comunidades empobrecidas y el enfrentamiento entre ellas genera un alto índice de homicidios. Acá, Ecuador se ha convertido en los últimos tres o cuatro años en uno de los lugares más violentos de la región y del mundo. Y esto es un elemento muy profundo que ha calado de forma bastante profunda en la convivencia, ha roto todo el tejido social. Nosotros como organismos de derechos humanos estamos, digamos, impedidos incluso de entrar a algunos territorios porque el enfrentamiento entre bandas es tan intenso que no lo permiten. Y eso no ha tocado en la política de la militarización y lo que es más, lo que ha generado es que se visibilice un vínculo entre, digamos, las fuerzas de seguridad y las mafias y las bandas criminales. Hay, digamos, evidencia de la penetración de las bandas criminales dentro de estructuras de seguridad estatal que impiden, digamos, su combate efectivo en las cárceles y en las comunidades. Bueno, desde ya un tema muy complejo,

Speaker 1: esperamos que se haga justicia. Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador, muchas gracias por su tiempo y ojalá sea hasta

Speaker 2: una próxima ocasión. Muchas gracias, muchas gracias a todos y todas.